El Gobierno y las universidades nacionales se encaminan a un acuerdo salarial que también incluiría la transferencia de fondos para becas y hospitales universitarios, en un entendimiento que empezaría a destrabar un conflicto que se arrastra desde hace más de dos años. Salvo un contratiempo de último momento, la firma podría concretarse en las próximas horas.
Las negociaciones avanzaron por una vía reservada entre un grupo de rectores y funcionarios del Ejecutivo, mientras los gremios universitarios convocaron a un nuevo paro nacional del 16 al 20 de junio. El principal obstáculo de las últimas semanas habría quedado superado: las casas de estudio no retirarán la demanda judicial que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y cuyo expediente, con trámite favorable a las universidades, espera una definición en la Corte Suprema por un recurso extraordinario del Gobierno.
Según fuentes de la negociación, el acuerdo podría firmarse este martes entre autoridades del Ministerio de Capital Humano y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), encabezados por su presidente, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. La rúbrica con los gremios docentes y no docentes quedaría para el miércoles.
El entendimiento sería una “solución intermedia” a la incumplida Ley de Financiamiento. Implica una recomposición salarial del 24,3% —un 21,3% en un primer tramo, que según la información difundida se liquidaría desde julio, y un 3% restante en octubre— más fondos para becas estudiantiles y para los hospitales universitarios. Esa recomposición se compone de un 7% a cuenta de lo perdido en 2024, un 12,6% de 2025 y la actualización hasta mayo de 2026.
Las conversaciones estuvieron a cargo del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a las máximas autoridades del CIN: su titular, Bartolacci, y el vicepresidente del organismo, Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro. Aun así, fuentes consultadas describían una situación “delicada y compleja”, con incertidumbre hasta último momento, ya que la definición depende también de los gremios docentes y no docentes.
La oferta oficial sigue siendo menor a lo que establece la ley vigente, que el Gobierno incumple. Aun así, la comunidad universitaria reclama un alivio frente a un poder adquisitivo que llegó a caer hasta un 50%. El acuerdo en danza rondaría los 800 mil millones de pesos y derivaría a una “comisión técnica” y a paritarias trimestrales —otro reclamo del sector— la resolución de los puntos pendientes.
En el plano judicial, la Corte Suprema demora su pronunciamiento sobre si interviene o no en el recurso extraordinario que presentó el Gobierno tras perder en primera instancia y ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. El viernes el máximo tribunal rechazó la recusación de sus miembros planteada por el Ejecutivo, que argumentaba parcialidad por su condición de docentes universitarios, aunque no avanzó sobre el fondo. De tratarse de una medida cautelar, se descuenta que no correspondería que tome el caso; en ese escenario, se abriría la puerta a ejecutar la sentencia que obliga a pagar a las universidades alrededor de 2,5 billones de pesos.
Para presionar al tribunal, la Federación Universitaria Argentina (FUA) organizó una “clase pública” frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle. Para los rectores, el acuerdo significaría “un oxígeno” ante la asfixia presupuestaria, en un sistema en el que cerca del 90% del presupuesto se destina a salarios docentes y no docentes.
De confirmarse, el entendimiento alcanzaría a las universidades nacionales del NEA, entre ellas la UNNE —con sedes en Chaco y Corrientes— y la UNCAUS, en Sáenz Peña, cuyos trabajadores vienen protagonizando paros y movilizaciones en el marco del conflicto.